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- El comercio ilegal de oro en Perú alcanza niveles críticos en 2024, con exportaciones que superarían los US$ 7,000 millones. El incremento en el precio internacional del metal y la falta de regulación han potenciado esta actividad, generando graves consecuencias económicas, ambientales y sociales en la región.
Perú encabeza la lista de exportadores de oro de procedencia ilegal en América del Sur. Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), las exportaciones de este metal sin regulación alcanzarían las 92 toneladas en 2024, representando un aumento del 20 % respecto al año anterior y triplicando los registros de hace una década.
El incremento del precio internacional del oro ha impulsado el valor de las exportaciones ilegales de Perú, estimadas en US$ 7,000 millones para 2024. Este monto representa un 46 % más que en 2023 y cuadruplica el crecimiento promedio de las exportaciones totales del país, cifrado en 11 %. Sin embargo, esta cifra contrasta con los limitados recursos destinados a combatir la minería ilegal, cuyo presupuesto en 2024 es 200 veces inferior a las ganancias generadas por esta actividad.
Un análisis del IPE señala que entre el 30 % y el 80 % del oro exportado en América del Sur proviene de fuentes ilegales. Perú lidera con un 44 % de participación, seguido por Colombia (25 %), Bolivia (12 %), y Ecuador y Brasil (9 % cada uno). Venezuela, por su parte, representa solo el 1 %. Estas cifras reflejan la magnitud del problema y la urgencia de implementar acciones más efectivas para frenar este comercio ilícito.
El impacto de la minería ilegal no se limita al ámbito económico. En los últimos cinco años, más de 121,000 hectáreas de bosques han sido destruidas en Brasil, Perú, Colombia y Ecuador debido a esta actividad. En el caso peruano, la deforestación afecta a 46,000 hectáreas, generando consecuencias ambientales irreversibles.
Además, la minería ilegal está estrechamente vinculada con otros delitos. En Madre de Dios, los casos de delitos con armas de fuego representaron el 38.6 % en 2022, superando ampliamente las cifras de Lima y del promedio nacional. No obstante, entre 2018 y 2023, la Corte de Justicia local solo emitió 243 condenas por delitos relacionados con la minería ilegal, lo que evidencia la debilidad del sistema judicial frente a este flagelo.
La falta de fiscalización y la presencia de redes criminales han facilitado la expansión de la minería ilegal en la región. “La impunidad con la que operan estas redes criminales es alarmante y requiere respuestas más contundentes por parte del Estado”, afirmó un analista del IPE.
Los expertos coinciden en que se necesitan estrategias más efectivas para enfrentar esta problemática, que consideren desde el fortalecimiento de la fiscalización hasta programas integrales para la formalización de la minería artesanal.
