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Ignacio Prieto Henríquez.
Seremi del Trabajo y Previsión Social de Tarapacá.
Este día conmemorativo rescata la tradición, rescata el sindicalismo, rescata las luchas. Hoy queremos reiterar nuestro compromiso con el trabajo decente y para lo cual desde el Gobierno del Presidente Gabriel Boric ponemos nuestras convicciones en función de avanzar en el fortalecimiento de derechos laborales y en una Reforma Previsional que traiga por fin justicia y dignidad para las y los trabajadores de nuestro país, tal como lo señala la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: construir en conjunto una sociedad más justa y equitativa, asegurándonos que nadie se quede atrás.
Tenemos una agenda muy nutrida en materia de agenda laboral y los cambios que queremos implementar, partiendo con el reajuste del salario mínimo. En mayo de 2022 entró en vigencia la Ley 21.456, que reajustó el Ingreso Mínimo Mensual y que también incluyó un subsidio a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes), así como una compensación por el alza de precios de la canasta básica de alimentos.
Luego de un proceso de diálogo y de acuerdo entre el Ejecutivo, representado por los ministerios del Trabajo y Previsión Social y de Hacienda, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y gremios de MiPymes, esta iniciativa fue aprobada por el Congreso Nacional. Así, se logró aumentar el ingreso mínimo en tres fases. Primero, desde $350 mil a $380 mil en mayo de 2022; luego, a $400 mil en agosto de ese mismo año; y, debido a que el acuerdo con la CUT contemplaba una tercera alza en caso que la inflación acumulada en 12 meses llegara a 7% en diciembre de 2022, lo que efectivamente se dió, el Ingreso Mínimo Mensual se incrementó a $410 mil en enero de 2023.
Dentro de los compromisos del Programa de Gobierno del Presidente Gabriel Boric se establece avanzar hacia un salario mínimo de $500.000 dentro de su mandato, razón por la cuál hoy se está trabajando para que sea una realidad.
Asimismo, con la promulgación de la ley que reduce la jornada laboral de 45 a 40 horas por semana, hemos dado un paso que es tremendamente importante en el camino hacia un mayor bienestar y mejor calidad de vida para quienes son el motor de Chile, sus trabajadores y trabajadoras y sus familias.
En cuanto a su implementación, ésta será gradual, la reducción será de 45 a 44 horas el primer año de vigencia de la ley, a 42 horas al tercer año y a 40 al quinto año y que en ningún caso que esto signifique una disminución salarial de los trabajadores. Este plazo busca cuidar el empleo y cuidar el esfuerzo, en particular de la pequeñas y medianas empresas en nuestro país.
Las 40 horas incluirán también medidas de corresponsabilidad, que apuntan a conciliar la vida laboral, personal y familiar, con lo que se espera, en particular para las mujeres, ampliar las posibilidades de empleo y con mayor estabilidad.
Nuestro Gobierno también ha asumido la tarea de avanzar decididamente en lograr mejores pensiones para todas las personas, algo que por años los chilenos y chilenas han demandado. La reforma que proponemos tiene como principal objetivo aumentar las pensiones actuales y las de los futuros jubilados. Además, se busca reconocer a través del 6% del seguro social, las labores de cuidado y las lagunas previsionales en las mujeres, garantizando mejores pensiones por medio de un sistema mixto (público/privado) en el que las personas podrán optar con libertad sobre qué entidades invertirán sus ahorros previsionales.
Respecto a la Reforma previsional podemos mencionar que en los últimos 40 años sólo hemos conocido el sistema de AFP, del que ya sabemos sus resultados en exiguos montos de pensión y cohesión social. Un sistema como el chileno no es lo común en el mundo, es lo extremo. En la mayoría de los países de la OCDE hay modelos mixtos, con capitalización individual y un seguro social. Es lo que contiene nuestra propuesta, que es financieramente sostenible y cuyo objetivo es mejorar las pensiones actuales y futuras de forma sustantiva.
Durante este año tuvimos la aprobación del Convenio 190 de la OIT por un mundo del trabajo sin violencia y acoso, norma internacional del trabajo que proporciona un marco común para prevenir, remediar, y eliminar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, incluidos la violencia y el acoso por razón de género. Este instrumento reconoce el derecho de toda persona a un ambiente de trabajo libre de violencia y acoso, incluidos la violencia y acoso por razón de género. Asimismo, determina que tales comportamientos pueden constituir una violación o un abuso de los derechos humanos.
El Programa de Gobierno de Presidente Gabriel Boric tiene como una de sus metas mejorar los estándares laborales dentro del concepto de trabajo decente que desarrolla la Organización Internacional del Trabajo, OIT, en el cuál se contempla la Seguridad y Salud en el Trabajo. Es por este motivo que a nivel nacional se está realizando un despliegue territorial que contempla un proceso de diálogo social en donde se generan espacios de participación ciudadana tripartita con representantes de las personas trabajadoras, empleadores y empleadoras y del Estado entregando su opinión respecto de la Seguridad y Salud en el Trabajo con el fin de revisar y actualizar la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, además de crear esta versión para el sector de minería.
Se debe avanzar hacia una cultura que previene, controla y reduce los riesgos laborales. Este propósito se encuentra en concordancia con una concepción del trabajo decente, de la seguridad y salud del trabajo; y, de la seguridad social, como derechos humanos fundamentales y como bienes jurídicos relevantes en una sociedad democrática y participativa.
La Agenda 2030 nos invita trabajar en la creación de empleos de calidad, para conseguir el desarrollo económico sostenible. De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.
Reducir la proporción de jóvenes que no están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación.
Nuestro país todavía está enfrentando transformaciones y tenemos por delante una agenda laboral y previsional que llevar. Hoy el desafío es continuar la tarea, incentivar la mejora continua de las condiciones de trabajo, velar juntos en abrir las puertas al desarrollo, la descentralización y la democracia, ser capaces de construir una sociedad más inclusiva desde lo laboral y siempre estar presentes por un futuro mejor de todas las trabajadoras y trabajadores chilenos.
