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- Bolivia está enfrentando una creciente resistencia pública por los contratos de litio firmados con empresas chinas y rusas. Los críticos argumentan que estos acuerdos no ofrecen beneficios reales para las comunidades locales y podrían dañar el medio ambiente, mientras el gobierno insiste en que son clave para el desarrollo rápido de la industria del litio en el país.
El gobierno de Bolivia está bajo presión por los contratos de litio firmados con empresas rusas y chinas, que suman casi 2 mil millones de dólares. Los críticos afirman que estos acuerdos no benefician a las comunidades locales y podrían dañar el medio ambiente. Las protestas públicas llevaron a la suspensión de las discusiones parlamentarias, mientras la sociedad civil exige mayor transparencia.
Los contratos de litio de Bolivia, firmados a finales del año pasado con el grupo ruso Uranium One Group (UOG) y las empresas chinas CBC y Citic Guoan Group, han generado un fuerte rechazo público, con numerosas preocupaciones sobre los términos de los acuerdos y su impacto a largo plazo en las comunidades y el medio ambiente. Estos acuerdos, que suman un total aproximado de 2 mil millones de dólares, buscan establecer plantas de procesamiento capaces de producir decenas de miles de toneladas de litio anualmente.
Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil y grupos ambientalistas, especialmente de la región de Potosí, están levantando alarmas. El salar de Uyuni, en Potosí, uno de los mayores reservorios de litio del mundo, se encuentra en el centro de estas preocupaciones. Los críticos sostienen que la falta de transparencia y los cuestionables beneficios económicos de los acuerdos podrían poner en peligro los recursos naturales del país y los medios de vida locales.
Uno de los puntos más controversiales es la disparidad de costos entre los dos contratos. El costo de producción por tonelada de carbonato de litio bajo el acuerdo ruso es reportado como 2,4 veces más alto que en el acuerdo con las empresas chinas, sin una justificación clara de esta diferencia. Esto ha llevado a muchos a cuestionar si Bolivia está obteniendo un trato justo por sus vastos recursos de litio.
Además, el tiempo estipulado para el proyecto ruso ha causado incertidumbre. El acuerdo con UOG exige que la empresa construya una planta en solo 18 meses, un plazo que muchos expertos consideran irreal. Esto ha generado temores de que Bolivia se quede con infraestructuras incompletas y pérdidas económicas significativas si el proyecto no cumple con los plazos.
A pesar de estas preocupaciones, el presidente Luis Arce y funcionarios de la empresa estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) han subrayado la importancia de avanzar con los contratos. Arce ha advertido que Bolivia podría enfrentar un retraso de hasta diez años en la producción de litio si estos acuerdos no se aprueban este año. El presidente enfatizó la urgencia de desarrollar la industria del litio de Bolivia, que, según él, corre el riesgo de ser superada por otras fuentes de energía limpia, como el hidrógeno verde, para 2035 o 2040.
Omar Alarcón, presidente de YLB, coincidió con este planteamiento, agregando que la falta de aprobación de los contratos podría retrasar la industria del litio del país hasta 15 años. Sin embargo, expertos como el analista energético Sergio Hinojosa advierten que incluso si los acuerdos se aprueban este año, Bolivia no verá una producción significativa de litio hasta 2031.
Los acuerdos también enfrentan obstáculos legales. Según la ley boliviana, los inversionistas extranjeros deben consultar con las comunidades locales y realizar evaluaciones de impacto ambiental antes de que los proyectos industriales puedan avanzar. Estas consultas están en curso, y representantes del gobierno han asistido a reuniones para abordar las preocupaciones públicas. Las comunidades locales en Potosí, donde se encuentran las reservas de litio, han señalado que los acuerdos no generan beneficios directos. Por ejemplo, el gobierno estima que las regalías de la extracción de litio en Potosí podrían alcanzar entre 800 y 900 millones de dólares en los próximos 30 años, es decir, unos 30 a 35 millones de dólares anuales.
A pesar de las vastas reservas de litio de Bolivia, estimadas en 23 millones de toneladas, el país ha luchado durante décadas para desarrollar una industria viable de litio. La inestabilidad política, el modelo de extracción de recursos controlado por el estado y los altos niveles de magnesio en los depósitos de litio han dificultado la producción a gran escala. A diferencia de Chile y Argentina, el litio de Bolivia sigue siendo en gran parte inexplorado, contribuyendo poco al suministro global.
El gobierno boliviano, sin embargo, mantiene que estas asociaciones ayudarán a acelerar el desarrollo de la industria del litio, con la promesa de que Bolivia retendrá el 51% de las ganancias. Los funcionarios han subrayado que los contratos aún están en revisión y que el gobierno sigue comprometido en dialogar con diversos sectores para abordar las preocupaciones sobre los acuerdos.
